27 junio 2007

Porque debió de haber un recuento en las elecciones de julio de 2006.


Me encontré el día de hoy este artículo en el Nuevo Excelsior sobre las polémicas votaciones del año pasado. Hasta donde he leído esta es la explicación más coherente que sobre porque debieron de anular las elecciones del año pasado o haber existido el famoso recuento “voto por voto”. No por razones de fraude, ni por razones políticas, sino por razones de incompetencia del IFE. Obviamente, el IFE nunca hubiera anulado las elecciones por esta razón o hubiese hecho un recuento, pues era aceptar su error. Era obligación del Tribunal Federal Electoral, pero no lo hizo, seguramente por razones políticas, lo que habla de la parcialidad de los impartidotes de justicia. En fin, dejo el artículo para su apreciación.


No sabemos contar… ni queremos
Horizonte político
Por: José Antonio Crespo
Nuevo Excelsior, 27 de junio de 2007.


Durante las Jornadas Ciudadanas de Reflexión y Análisis para la Modernización y Reforma Electorales, que organiza el IFE, el ex magistrado electoral Fernando Ojesto expresó lo que desde su punto de vista fue el principal problema de los desaguisados de la elección presidencial del año pasado: "La organización electoral está fuera de sospecha. Si alguien está bajo sospecha es la calidad cultural del pueblo de México, con lo doloroso que es esto. No sabe leer, no sabe escribir y menos sumar" (21/VI/07). Los errores aritméticos fueron muchísimos, en efecto. De las 117 mil 300 actas captadas por el controvertido PREP, 49.5% registraban inconsistencias aritméticas. Algunas de poca monta, otras de gran magnitud. Por ejemplo, al contrastar en el PREP el número de ciudadanos que oficialmente votaron contra la votación total emitida, surgen 818 mil 364 votos irregulares (el PRD denunció 900 mil inconsistencias, que el PAN aseguró que existían sólo en la delirante imaginación de los perredistas).

Ese hecho lleva a Ojesto a decir que no hubo fraude maquinado ni dolo ni mala fe. Coincido. La gran mayoría de inconsistencias seguramente fue producto de errores, de una mala capacitación, de la prisa y el hartazgo de los funcionarios de casilla. Pero cabe recordar que la ley señala que las inconsistencias pueden vulnerar el principio rector de certeza, hayan sido producto de error o de dolo. Eso es legalmente irrelevante. Y justo por eso es que las autoridades electorales debieron ser más exhaustivas al revisar y depurar las inconsistencias. Pero si los mexicanos no sabemos contar, las autoridades electorales no quisieron hacerlo para así subsanar, durante el escrutinio y cómputo electorales, nuestro rezago educativo.

Durante el cómputo oficial del IFE, del 5 de julio de 2006, los consejeros distritales abrieron y recontaron menos de tres mil paquetes. Es decir, apenas 5% de los que el PREP registró con errores aritméticos. Algunos consejos distritales se declararon francamente en "huelga de brazos caídos"; en 22 distritos no se abrió ningún paquete electoral; en otros 29, sólo se revisó uno. En 157 de los 300 distritos, se abrieron seis casillas o menos, muy poco considerando que el promedio de actas con inconsistencias era de 195 por distrito.

En otras palabras, los consejeros distritales del IFE (salvo excepciones), sabiendo sumar y restar, no quisieron hacerlo (pese a que el IFE desembolsó 180 millones de pesos en pagarles salarios y prestaciones). Y no es que las inconsistencias que tenían en las manos fueran pequeñas. Quedaron actas sin revisar con errores de 115 votos (distrito 15 de Jalisco), 205 (México-1), 345 (Zacatecas-1), 395 (Chiapas-9) y hasta 483 (Chiapas-7), sin que los consejeros se inmutaran. Dice ahora Luis Carlos Ugalde, queriendo evadir su responsabilidad (como siempre), que "sería deseable ampliar las causales para dar mayor certeza" (22/VI/06). Pero la ley no sólo facultaba, sino que obligaba al IFE a recontar las aproximadamente 60 mil actas con inconsistencias. Lo que hace falta no son pues nuevas leyes (o no sólo eso), sino voluntad para cumplirlas, lo que no mostró el IFE.

Y justo el Tribunal, en su sentencia del 5 de agosto, reprendió al IFE por su negligencia y descuido en este punto. Le dijo que, por oficio, debió revisar todas las actas con inconsistencias, así fueran de un solo voto. Le reclamó no haber sido exhaustivo, porque con ello se descuidó el "máximo beneficio posible que se pudiera alcanzar en el procedimiento de depuración del recuento de la votación". Sin embargo, el Tribunal no le ordenó al IFE reponer el incompleto procedimiento, pudiéndolo hacer a partir de sus facultades legales para revisar las casillas que quedaron con inconsistencias y que, según su propia evaluación, afectaban la certeza del proceso. En cambio, ordenó revisar menos de 12 mil casillas, que sumadas a las recontadas por el IFE, representaban sólo 25% de las actas con inconsistencias, quedando el 75% restante sin ser revisado por nadie. En otras palabras, ni el IFE ni el Tribunal quisieron contar, y no porque legalmente no pudieran hacerlo.

Pero el Tribunal tampoco supo contar cabalmente. Por ejemplo, dando por sentado que algunos de los votos irregulares podrían estar justificados, cuando los electores equivocan la urna y emiten sus votos en la casilla contigua (o en la básica, respectivamente), el Tribunal concluyó en su dictamen final que las inconsistencias se justificaban mayoritariamente (lo que no está nada claro), pero ni siquiera aplicó ese criterio durante su propia revisión. Al grado que anuló algunas casillas donde encontró inconsistencias determinantes, pero que se neutralizaban con las de su casilla básica o contigua (según el caso), con lo que la inconsistencia respectiva hubiera dejado de ser determinante. Sin embargo, los magistrados no hicieron dicho ajuste.

Un ejemplo: en el distrito 1 de Campeche, las casillas 112 básica y su contigua fueron anuladas, pues en la primera sobraban 23 votos que eran determinantes, y en la segunda faltaban 20 votos, también determinantes. De haber sido neutralizadas —como correspondía— las inconsistencias hubieran desaparecido o dejado de ser determinantes, y ambas se hubieran salvado. Como ese caso, hay muchos. En contraste, quedaron sin revisar muchas casillas que en principio debieron ser anuladas, pues las inconsistencias registradas en el acta respectiva superan la diferencia entre primero y segundo lugares. Por lo cual Ojesto debe incluirse —y a sus compañeros— entre los que "no saben leer, menos sumar". Sólo que algunos de los que no saben leer ni sumar no tienen empleo, o les pagan una miseria, en tanto que otros pueden ocupar los cargos públicos más caros del mundo, con salarios de lujo, jugosas prestaciones y millonarios "bonos de marcha".

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