05 enero 2015

Una verdadera reforma política para la Ciudad de México


En los últimos meses se ha discutido una “reforma política” para el Distrito Federal (DF). Una que busca que pase a tener derechos iguales que el resto de los estados de la república, pues ahora es un territorio especial donde se asienta la capital de México. Con esta reforma se pretende que el DF cuente con su propia constitución (convirtiéndolo en el estado 32 del país) mediante una asamblea constituyente; convertir a las delegaciones en alcaldías autónomas con “concejales” elegidos democráticamente; acceder a otros fondos federales que no recibe por no ser considerado un estado; aprobar su propio techo de endeudamiento; transferir las atribuciones del presidente de la República para el nombramiento de funcionarios al DF (Ej. secretario de seguridad pública); cambiar el nombre del DF a “Ciudad de México”; dotar de un estatuto de capital del país a la nueva entidad; crear mecanismos de coordinación metropolitana (como un consejo metropolitano de desarrollo urbano), entre otros cambios relevantes (Aquí el sitio oficial de la propuesta, el dictamen aprobado en el Senadoaunque éste no se votó por falta de quorum).

Si bien es deseable contar con mayor representación democrática en lo local, mayor autonomía como entidad federativa y acceder a mayores recursos de la federación, esta “reforma política” se queda muy corta en cuanto a las necesidades reales de la Ciudad de México, como conjunto urbano.
Comencemos aclarando un punto: la Ciudad de México no es igual al Distrito Federal. Toda esa urbe, toda esa mancha urbana asentada dentro del Valle de México y sus alrededores es la Ciudad de México. El continuo urbano, económico y social señala esta realidad, sólo la delimitación política pasa por alto esta realidad. Los municipios de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Ecatepec y demás municipios conurbados del DF, son parte de una misma ciudad. Lo único que los diferencia es que pertenecen a una entidad federativa diferente, como el Estado de México. Sin embargo, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) pasa por alto esta obviedad y se apropia del nombre “cortando” políticamente la ciudad en dos partes, los que pertenecen y los que no.

En el mismo sentido, la Ciudad de México tampoco es igual a Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Mas el uso de esta última para el análisis tiene una ventaja fundamental, incluye tanto al continuo físico urbano, como habla de las relaciones sociales y económicas que están interrelacionadas directamente con la misma ciudad. De ahí que este debería del ser el tema, la zona metropolitana y no el DF.

Este fenómeno metropolitano es el que ha generado un serio problema de provisión de servicios públicos, de carencia de recursos, de planeación urbana además de problemas de representatividad democrática, que generan una amplia desigualdad en la Ciudad de México. Por una parte, el DF cuenta con instituciones y atribuciones que le permiten cierta dotación de servicios y planeación urbana en todo su territorio político. Lo cual sólo cubre al 44% de la población. Aunque las delegaciones no cuenten con cabildos, que incrementen su representatividad democrática y equilibren poderes. Por otra parte, el resto de la ciudad y su zona metropolitana, donde habita la mayoría de las personas (56%), cuenta con municipios con cabildo elegido por votación, que incrementa su representatividad democrática. No obstante, estos tienen periodos de tiempo de tan sólo 3 años, que les impide poder contar con políticas públicas de mediano plazo, mucho menos con una planeación urbana coordinada con el resto de la ciudad. A diferencia del DF donde esto no sucede, ya que el GDF y no las delegaciones se encargan de la planeación urbana y de dotación de ciertos servicios vitales (transporte, agua, seguridad). Aún más grave que esto, es que varias de las decisiones importantes para la ciudad no son tomadas pensando en todos sus habitantes. Son decididas en Toluca, donde se asientan los poderes del Estado de México. Esto conlleva un grave problema de representación democrática que no sólo afecta a los municipios de la ZMVM, también a los habitantes del DF.

Si en Toluca se decide construir una nueva vialidad de los municipios conurbados al DF, cambiar las fases de los semáforos de municipios conurbados, permitir la construcción de miles de casas en un municipio, etcétera, los efectos no se restringen sólo al territorio de los municipios del Estado de México. Estos afectan a gran parte de la ciudad, con mayor tráfico, mayor saturación de las estaciones terminales del metro cercanas al Estado de México, más contaminación, etcétera. Las capacidades de planeación y administración del Estado de México deberían de ser extraordinarias para poder gobernar la Zona Metropolitana de Toluca, la mitad de la Ciudad de México y coordinarse con el Distrito Federal. Capacidades que evidentemente no tiene y difícilmente contará en el futuro. 
Por ello, una reforma política autentica para la Ciudad de México y su zona metropolitana requiere contemplar el fenómeno social y económico en términos territoriales; no sólo políticos. Es absurdo que la ZMVM este dividida en tres entidades federativas, con distintos marcos normativos, distintas estrategias de planeación urbana y diferentes prioridades políticas. Y aunque La propuesta de mecanismos de coordinación metropolitana contenida en la reforma política del DF resulta marginal, dado el tamaño y dinámica económica-social de la ZMVM. La reforma política debe de llevar a la creación de un gobierno metropolitano, elegido democráticamente y con un sólo alcalde. Esto probablemente implique la creación de una nueva entidad federativa o la modificación de las fronteras políticas de las actuales. Lo cual requiere una fuerte deliberación pública e incluso un referéndum para ello.

La experiencia internacional señala que estos cambios son posibles. El caso de Nueva Zelanda es n buen ejemplo. Actualmente Wellington, capital de este país, está compuesta por 8 distritos diferentes, cada uno con un alcalde y sus respectivas asambleas locales. Dado que estas funcionalmente conforman una ciudad, por su interacción social y económica, no tanto su continuo urbano (como en la ZMVM), se ha decidido proponer que se fusionen en una “super-ciudad”; lo cual esta discusión y deberá ser aprobado en un referéndum en 2015. Este cambio implicaría un solo alcalde, con un gran consejo (Greater Wellington Council) y 8 juntas locales (una dedicada a la comunidad indígena de los maoríes). Esto tiene beneficios amplios en la planeación y administración de la ciudad, pues ya no se requiere que 8 alcaldes y 8 consejos municipales se coordinen, sino que ahora es decisión de un solo gobierno. Este modelo ya fue aplicado en 2010 a la ciudad económicamente más importante de este país: Auckland. Con este modelo, de “super-ciudad” la región circúndate a Auckland se transformó de 7 distritos con 7 alcaldes y una autoridad regional, en un solo consejo, con un alcalde y 21 juntas locales (Aquí mayor información sobre la super-ciudad de Auckland).

El GDF tiene una propuesta de reforma política, una que pareciera ser sectaria al no tomar en cuenta al resto de los habitantes de la ciudad ni de la ZMVM (propuesta que no es la única). Aún más, al Estado de México y a la federación el problema metropolitano parece tenerlos sin cuidado, pues pace que ventajas de esta división encuentran: como dividir políticamente a la población y controlar el presupuesto en beneficio del Estado de México.


Decidir el futuro de los habitantes de la Ciudad de México y su zona conurbada va más allá de las divisiones políticas-territoriales actuales, se requiere replantear de inmediato su modelo de gobierno. Eso sí sería una reforma política real que llevará a un real derecho a la ciudad para todos sus habitantes, lo demás son sólo propuestas marginales que parecen batallar por remanentes del presupuesto público. 


Entrada publicada originalmente en el blog La Brujula de Nexos

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