16 diciembre 2015

Corredor Cultural Chapultepec #AsiNo, ¿entonces cómo?



En un evento que se probablemente se discutirá por años ha sido la consulta ciudadana realizada por el Corredor Cultural Chapultepec, en el cual ganó el No a la pregunta ¿Debe o no debe realizarse el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec-Zona Rosa, en el tramo comprendido entre el Bosque de Chapultepec y la Glorieta de Insurgentes?

Ésta consulta fue el resultado de una confrontación por este proyecto impulsado por PROCDMX, paraestatal del GDF, y diversos grupos y actores de la sociedad civil (Grupos vecinales, ONGs, colectivos ciudadanos, urbanistas, arquitectos, etc.), apoyados por algunos asambleístas locales (de Morena y el PAN) que formaron una coalición.

Por un lado, el 18 de agosto PROCDMX anunció el proyecto del Corredor Chapultepec que consiste en la concesión de Avenida Chapultepec, para que Invex Infraestructura coloque 700 locales distribuidos desde la Glorieta de Insurgentes hasta Lieja, en una estructura elevada con “fines culturales”.  Esto bajo el argumento de “rescate” de dicha avenida. Por lado otro, los grupos opositores señalan en contra tres argumentos principalmente: a) consiste en una privatización del espacio público, no un proyecto cultural (en el que perdía la ciudad); b) los procesos lo convertían en una imposición vertical  (no democrático), y c) un segundo piso peatonal no es una solución arquitectónica adecuada y traería más problemas que soluciones. Argumentos respaldados con análisis que refutaban los documentos técnicos del proyecto, así como críticas alos procesos del proyecto (opacidad, concursos privados, falta de permisos, usurpación de funciones del ALDF, etcétera). Si bien en ningún momento los opositores negaron la necesidad de mejorar avenida Chapultepec, se opusieron tanto a la forma y lo que implicaba dicho proyecto. Por ello, solicitaron desde un inicio que hubiera una reposición del proyecto desde cero y se cancelará la declaratoria de necesidad y todos los actos administrativos derivados de la misma.

PROCDMX presentó el proyecto, no sólo en términos de un concepto arquitectónico, sino un paquete que incluía ya un título de concesión y un fideicomiso privado firmado con Invex Infraestructura. Además, de que anunció un “ejercicio de participación cívica” que permitiría “enriquecer el proyecto”. Dicho ejercicio no se trataba de decidir sobre la totalidad del mismo, incluso el proyecto arquitectónico ejecutivo ya se encontraba firmado dentro del fideicomiso. Esto de inmediato se interpretó por muchos como un método de legitimación política del proyecto, no como un ejercicio democrático de creación de soluciones en conjunto.

La respuesta de los comités vecinales de las colonia adyacentes (Roma Norte y Condesa) fue solicitar el 12 de octubre al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) la realización  consulta ciudadana. Sin embargo, el 6 de noviembre la consulta se aprobó para toda la delegación y no en los términos iniciales solicitados. Esto en medio de un proceso que fue cuestionado, por la falta de quorum y otras irregularidades, llevado hasta el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) por los vecinos opositores. A pesar de dichas irregularidades el TEDF dio aval para la realización de la consulta. Los grupos vecinales opositores hablaban de una consulta “amañanada”, para que mediante el acarreo de grupos clientelares, se diera el al proyecto y de esta manera legitimarlo; al igual que señalaban la inequidad en términos de competencia electoral: el GDF llevaba desde el anunció del proyecto promocionándolo en diversos espacios y medios de comunicación. A lo que habría que sumar la renuncia de Alberto Ruy-Sánchez en una carta al consejo consultivo de PROCDMX por considerar “un baile de máscaras” para conseguir la aprobación del proyecto.

La consulta se realizó el 6 de diciembre con el resultado a favor del NO (63.5%) versus el SÍ (35.3%). El resultado ha sido una gran sorpresa para muchos de los involucrados, debido a todas las irregularidades e inequidad del proceso. La respuesta oficial del GDF es que respetará los resultados y los considera vinculantes, dado que la consulta legalmente no es vinculatoria. Esto ha abierto todo una situación nueva.

Patricia Mercado, secretaria de gobierno del GDF, mencionó que se cancelaba y reiniciaba el proceso desde cero con la participación de urbanistas y sociedad civil. Esto parece incluir la cancelación de la concesión, sin indemnización a Invex Infraestructura (aunque no es del todo claro) y la integración del proyecto dentro de los procesos de elaboración del nuevo Programa de Desarrollo Urbano.

Dado que pareciera que se está cumpliendo la demanda de reposición del proceso desde cero, entonces la creación de un nuevo proyecto deberá implicar entre otras cosas: realizar un concurso arquitectónico público para elegir la mejor propuesta para remodelar Avenida Chapultepec; realizar estudios técnicos rigurosos; discusiones públicas al respecto; incluirlo dentro de los programas de desarrollo urbano; definir al final el mejor mecanismo de financiamiento (no antes) junto con licitaciones públicas para la obra, y establecer un proceso de participación ciudadana a lo largo de todo el proceso.  Esto último es básico, pues llegar a las votaciones confrontativas de Si o No de un proyecto, por ausencia de lo anterior se ha demostrado que es un error y oneroso para el erario público. Todo lo anterior también tendría que realizar el GDF para los otros cuatro corredores que parece tener proyectados y en puerta.

El re-iniciar todo el proceso bajo las anteriores líneas puede marcar un hito en cómo se realizan los grandes proyectos en el DF, al cambiar de un enfoque verticalista de planeación hacía uno más horizontal que implica de democracia participativa. Esto podría ser el inicio de una manera nueva de construir socialmente la política pública, de la misma ciudad.


Algo que sólo sucederá si el gobierno acepta los errores que llevó a esta confrontación con la sociedad civil y realiza los cambios institucionales, legales y de personal necesarios que son la raíz del problema. Como la ley de participación ciudadana que hoy sirve más para bloquear la participación social. De lo contrario, este tipo de confrontaciones seguirá sucediendo, ya que no hay duda que la sociedad civil seguirá reclamando mecanismos de democracia y de rendición de cuentas en la búsqueda de una ciudad con mayor calidad de vida. 

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