27 julio 2015

Puebla: el error de criminalizar el grafiti


En una de las decisiones más radicales que se ha dado para lidiar con el grafiti, el Estado de Puebla decidió castigarlo fuertemente mediante la modificación del artículo 413 bis y la adición del 413 ter del código penal estatal, al considerarlo básicamente un delito contra la propiedad privada o pública y como un “código para delimitar territorios o establecer información en algunos casos para cometer ilícitos” (sic). En esta modificación se establece dos supuestos para considerar al grafiti como delito y la gravedad de sus penas: los graves que se refiere a pintas sobre edificaciones catalogadas como patrimonio histórico; y los no graves, en cualquier otra edificación privada o pública. El primer tipo de delito se castigará de 3 a 6 años de prisión y el segundo de 2 a 5 años. Aunque en este último, el dueño del inmueble afectado puede otorgar el perdón y se requerirá pagar una fianza y/o horas de trabajo comunitario dependiendo del edificio que se trate.

Es importante aclarar que este delito se persigue de oficio, lo que implica que lo coloca al nivel de otros delitos graves (homicidio, narcotráfico, etc.). Así, al criminalizar a cualquiera que haga algún tipo de pintas, se les tratara como delincuentes peligrosos, cuando no lo son; o bien, en un clima de corrupción, serán cazados para ser extorsionados por la misma policía (como sucede con los consumidores de drogas). Aunque esta misma ley, también puede ser usado para limitar la libertad de expresión, especialmente en las protestas que confrontan al gobierno en centros históricos, y del cual el de Puebla es uno de los más grandes del país.

Justo en este contexto es la que el domingo 3 de mayo llevó a la persecución de 3 grafiteros, (que intervenían una pared con gis) por la policía de San Pedro Cholula, la cual culminó trágicamente con el asesinato Ricardo Cadena, de 18 años, a manos del subdirector de dicha corporación (de acuerdo a sus propias declaraciones).  No obstante, la versión de la procuraduría de Puebla establece que el lamentable hecho no está relacionado con la realización de algún grafiti.

Independiente del desenlace de las investigaciones oficiales, esta historia no es nueva en el mundo. De hecho una situación similar sucedió en Bogotá, Colombia en 2012, cuando policías dispararon por la espalda a Diego Felipe Becerra, que huía de ellos al ser sorprendido grafiteando una pared. Aunque el grafiti no estaba criminalizado. El caso ha llevado a ser juzgadas 14 personas y se considera una condena de hasta 24 años por el crimen a los implicados.

Posterior a este traumático hecho, el gobierno bogotano emprendió mesas de discusión, un estudio amplio sobre el grafiti en Bogotá, que derivaron una política de tolerancia y promoción, aprobando leyes para la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad; aunque no por ello permitiendo que se realicen en cualquier parte. La visión básica es que se trata de una práctica que se encuentra más en el campo de la cultura, lo cual reconoce que es una práctica propia de la ciudad, que tiene relación directa con el arte, pero también con la apropiación del espacio público, de la misma ciudad. Una práctica que surge ante el acceso limitado a los medios de comunicación masiva (Gómez, 2013) e incluso de los espacios en la ciudad que suelen ser de paga (la publicidad comercial y electoral suele estar permitida en muchos muros y lugares del espacio público a cambio de una erogación).

Esto se ha traducido a que el Instituto Distrital de Artes (IDARTES) de la capital colombiana comenzó a otorgar becas para su producción de calidad y lugares específicos para ello. Desde el punto de vista de IDARTES los grafiteros donaban 5 mil piezas de arte urbano al año, que se estima corresponde a una inversión de más de 18 millones de pesos (2,500 millones en pesos colombianos de 2012). Si bien es cierto, que no todos calificaban como obras artísticas y tiene costos su remoción, el punto es  mostrar la magnitud del fenómeno y lo positivo que puede ser para la ciudad.


El éxito de esta política ha sido tal, que hoy en día hay tours de grafitis en la capital colombiana, la policía ha contratado grafiteros y Justin Bieber también aprovechó la oportunidad para realizar una pinta después de un concierto en 2013. Lo cual no dejó de ser polémico, pero impulsó la discusión pública al respeto.

Un caso similar en México, es el de la Unidad Graffiti de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que comenzó como un grupo encargado de criminalizar a los grafiteros, nacido de las recomendaciones de Cero Tolerancia de Giuliani, y que se transformó en un grupo que brinda patrocinio, pinturas y lugares para hacer el grafiti de manera legal. Un trabajo que realizan no con  amplios recursos, ni que se reproduce como una política pública que abarque toda la ciudad.

Si bien en Puebla hay espacios para la realización de grafitis de manera oficial, mediados muchas veces por la sociedad civil (Ciudad Mural), es claro que no es la política que norma, sino la criminalización (a excepción de las pintas electorales en muros que suelen ser legales, por supuesto). Es claro que este camino sólo llevará a abusos policiales, como el lamentable asesinato de un joven, y que el camino es aceptarlo como una manifestación cultural y artística propia del entorno urbano que tienen distintos motivos: una forma de democratizar la expresión en la ciudad. En este sentido, Puebla y su policía, tienen que aprender aún mucho de Bogotá y del camino emprendido por la policía del DF de evitar la criminalización de las manifestaciones sociales. Así como de sus errores en el pasado como la llamada “Ley bala”, que de igual manera, por tratar de regular la protesta social mediante la fuerza policial, causó la muerte de un menor de edad. Aún es tiempo de derogar la ley anti-grafiti. 

Originalmente publicado en La Brújula de Nexos.