22 octubre 2016

Los pecados de la nueva constitución para Ciudad de México


 A pesar de que algunos lo han caracterizado como un proceso que puede ser revolucionario, la creación de una nueva constitución para la Ciudad de México no tiene a todos contentos. Un 53% de los habitantes de la ciudad dicen ser indiferentes al proceso, un 39% rechaza la conformación de la Asamblea y un 43% cree que la situación de su ciudad empeorará.

Este proceso ha sido polémico, debido a cómo se ha conformado el congreso constituyente. Por una parte, un 40% será designado directamente, seis diputados por el presidente, seis por el Jefe de Gobierno y 28 por el Congreso de la Unión. Esta situación de facto genera una sobrerepresentación del partido actual en la presidencia (el PRI, que logró un 7% del voto), el que lleva más de dos décadas fuera del gobierno de la ciudad. El resto fueron elegidos directamente entre partidos políticos y candidatos independientes en una elección este pasado domingo, en un proceso donde sólo participó un 28.3% de los posibles votantes.

Y, para los independientes, los candados para poder participar han sido enormes, pues se requería reunir 70 mi firmas en 60 días. Esto incluso ha llevado a señalar un mercado negro de firmas para obtener las candidaturas y que los candidatos independientes que lo consiguieron se les han encontrado firmas de fallecidos y presos.

Por otra parte, una vez redactada, la constitución no se someterá a referéndum de la población. Se evitará así un mecanismo de participación directa ciudadana, situación que contrasta con el plebiscito ciudadano de 1993 convocado para que los habitantes pudieran decidir su forma de gobierno.

En una medida para legitimar el proceso, el primer borrador de la constitución lo elaborará un grupo de notables, seleccionados por el jefe de gobierno que tiene esa prerrogativa. Además se ha recurrido a otro tipo de acciones como recabar propuestas vía una plataforma propia y mediante Change.org para ser incluidas en la constitución.

El Distrito Federal de México, donde habitan más de veinte millones de personas y un 40% de la población de la gran urbe conocida como Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), no contaba con estatuto especial (como los otros estados del país), lo que hacía imposible a sus habitantes elegir a sus gobernantes, algo que cambió en 1997. Tampoco se considerada un estado de la federación, ni tiene plena autonomía respecto al gobierno federal o el Congreso de la Unión.

Por esta razón, el cual el actual gobierno de la ciudad impulsó la reforma de la Constitución de México para elaborar la primera constitución de la ciudad y convertirse en una nueva entidad de la federación con derechos iguales a los Estados. Esta se redactará y aprobará entre septiembre de 2016 a enero de 2017.

Los cambios traerán más autonomía para que la ciudad legisle por cuenta propia y elija alcaldes y concejales para las nuevas demarcaciones territoriales (subdivisiones políticas a manera de distritos). Además, el jefe de gobierno de la ciudad ya no podrá ser removido por el Senado de la República. Sin embargo, hay algunos temas que hacen pensar que todo esto no significará una gran diferencia, ya que no se logrará plena autonomía. No será un nuevo Estado, será una entidad especial y capital de México; el Congreso seguirá aprobando el techo de la deuda; a los inmuebles de la federación no se le podrá cobrar el impuesto predial por ley, siendo que es uno de los ingresos locales más importantes para el gobierno de la ciudad; el presidente de la República aún tendrá el mando supremo de las fuerzas de seguridad pública y tendrá la capacidad de remover al secretario de seguridad pública local (este documento de análisis del Instituto Belisario Domínguez analiza la iniciativa en detalle).

Además, el gran problema que aqueja a la Ciudad de México y la ZMVM es la gran fragmentación institucional (problema de muchas ciudades latinoamericanas), lo que ese traduce en una falta de planeación urbana que permita controlar el desarrollo, brindar servicios de calidad de forma pareja a toda la urbe o controlar problemas como las recientes contingencias ambientales por contaminación del aire. La OCDE, en un estudio reciente, señala que debido a la fragmentación institucional la ZMVM produce menores beneficios que los esperados para una ciudad de su tamaño poblacional, pues la productividad laboral de la ZMVM es similar o menor a otras metrópolis del país, aun cuando su población es entre 4 y 12 veces mayor.

Si bien el problema metropolitano queda fuera del proceso del Constituyente, el Congreso está obligado crear un Consejo de Desarrollo Metropolitano, encargado de coordinar las políticas de asentamientos humanos, medioambiente, transporte, tránsito, agua potable, drenaje, desechos sólidos y seguridad pública. Este modelo de gobernanza no parece que pueda llegar a ser el gran cambio que la ciudad requiere para mejorar la vida de todos los que viven y laboran en esta enorme urbe.

Ejemplos como los de Auckland, en Nueva Zelanda, en donde siete distritos con siete alcaldes y una autoridad regional se transformaron en un solo consejo, con un alcalde y 21 juntas locales, hacen preguntarse si no hubiese sido mejor en avanzar en impulsar la creación de un nuevo gobierno metropolitano. Uno en el cual las necesidades más apremiantes de la ciudad hubieran podido ser atendidas.

Publicado originalmente el 9 de junio de 2016 en CityLab Latino.

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